A raíz del alza que se ha producido en los últimos años por solicitudes por parte de privados y otros servicios, para generar cambios en ciertas acciones que se consideran potencialmente responsables de daños ambientales, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) junto con el Consejo Nacional de Defensa del Estado firmaron un convenio para ayudarse mutuamente a organizar y solucionar estos problemas.
El acuerdo contempla intensificar la cooperación entre ambos servicios en materia de investigaciones y análisis de componentes ambientales. Al respecto, el Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, reparó en las acciones que deberá cumplir la organización para llevar a cabo este acuerdo. “Desde nuestro Servicio haremos todo lo posible por recolectar la información técnica necesaria en cada caso y ponerla a disposición del Consejo de Defensa del Estado. Con esto me refiero a material documental que recopilen nuestros expertos en las salidas a terreno”, precisó.
Asimismo, el Director recalcó que la ayuda también será otorgada en orden de fiscalizaciones dentro de las competencias que posee el organismo. “Es importante recordar que una de nuestras funciones es revisar el cumplimiento de sentencias que hayan sido formalizadas y ahora, pondremos énfasis en los procesos en los que el Consejo haya sido el demandante y, que forma parte de los aportes de este convenio”. De la mano de ese objetivo, surge el de la participación directa del SAG en juicios de esta índole, cuando el Consejo se lo solicite.
El Presidente del CDE destacó los vínculos desarrollados con el SAG para efectos de garantizar la protección del medio ambiente en los componentes que son de su competencia, en materia de suelo, flora, fauna y biodiversidad. “Ello no es ajeno al concepto gobernanza que se requiere en un lugar determinado, entre los cuales se destaca la actividad extractiva, las comunidades aledañas, pueblos originarios y los componentes ambientales ya referidos”.
Por último, señaló esperar que en un futuro próximo “estos lazos institucionales permitan, tanto con el Servicio Agrícola y Ganadero, como con los demás Servicios con competencia ambiental, un efectivo ejercicio de las demandas de reparación por daño ambiental, además de la intervención penal que detenta el Consejo de Defensa del Estado en estas materias”.