Del 27 al 31 de marzo tuvo lugar en Hong Kong, China, la reunión 53a del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (CCFA53), oportunidad en la que, luego de extensas discusiones, fue aprobado el “Documento de debate sobre el uso de determinados aditivos alimentarios en la producción de vinos”, trabajo que fue liderado por Chile con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea.
A nivel nacional la coordinación del Subcomité CCFA, donde se abordan de manera transversal los diferentes aspectos que tienen relación con el uso de aditivos alimentarios, se encuentra a cargo de Yanina Corrotea del Instituto de Salud Pública (ISP) y, para el tema sobre aditivos en vinos, el SAG ha sido un actor clave en el desarrollo de las propuestas y en las negociaciones, a través de la participación de Claudia Espinoza y Roxana Vera del Departamento de Asuntos Internacionales del Servicio, con el apoyo técnico de Joaquín Almarza del Subdepartamento de Viñas, Vinos y Bebidas Alcohólicas.
Desde fines del 2021, Chile lideró la organización y coordinación de esta iniciativa, la que tiene por objetivo contar con mayores recomendaciones internacionales para los aditivos en vinos.
Gracias a la excelente colaboración a nivel nacional (sector privado, academia y agencias de gobierno), más el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, fue posible lograr consenso en la reunión internacional para la aprobación de las recomendaciones en 10 aditivos alimentarios para vinos, lo que se convertirá en norma internacional cuando se adopten en la 46ª reunión de la Comisión del Codex Alimentarius (noviembre 2023), instancia de máxima decisión en este foro.
Cabe destacar, que las negociaciones de este tema en la reunión internacional, fueron realizadas por el Cónsul de Chile en Hong Kong, Osvaldo Álvarez, quien representó de manera exitosa a la delegación de Chile, siendo clave su actuar en la aprobación de estas nuevas recomendaciones que beneficiarán a todo el sector vitivinícola internacional.
Cabe señalar que el Codex Alimentarius es un organismo multilateral donde se adoptan las normas alimentarias, que garantizan la protección de la salud de los consumidores y aseguran la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de alimentos.